Los nuevos proyectos mineros en la Montaña Leonesa vuelven a situar a la provincia en general, y a nuestra comarca en particular, ante un viejo dilema: compatibilizar las necesidades estratégicas de Europa con la protección de nuestro territorio y la voluntad de quienes lo habitamos. La solicitud de permisos de investigación para localizar fosfatos en terrenos pertenecientes al Ayuntamiento de Crémenes y sus pedanías ha hecho saltar todas las alarmas.
Es cierto que Europa busca reducir su dependencia de terceros países, como China o Marruecos, (que explota yacimientos en terrenos saharauis) para el suministro de materias primas consideradas estratégicas. Y pretende subvencionar la prospección y exploración de terrenos en busca de nuevos materiales para la fabricación de baterías o producción de fertilizantes. Hasta ahí, de acuerdo.
Sin embargo, el interés económico y estratégico no puede imponerse por encima de la transparencia, la participación vecinal y el respeto a nuestro territorio. La tensa reunión celebrada recientemente en el ayuntamiento de Crémenes entre representantes de Iberian Phosphates y varias de sus Juntas Vecinales del municipio, puso de manifiesto una realidad que las administraciones y las empresas harían bien en escuchar: existe una profunda desconfianza hacia proyectos que llegan acompaña dos de grandes promesas, pero con escasas concreciones sobre sus consecuencias reales.
No ponemos en duda únicamente las catas previstas durante los próximos años. Que también, por mucho que se hagan con tractor de pequeña cilindrada. Lo que realmente nos preocupa es el horizonte que podría abrirse tras ellas: una posible explotación minera a cielo abierto en una zona cuyo principal patrimonio es precisamente su paisaje, su biodiversidad y su potencial vinculado al turismo rural y a la conservación ambiental. La experiencia de otros territorios demuestra que las actividades extractivas generan impactos medioambientales muy negativos y que no siempre resultan compatibles con esos modelos de desarrollo.
Según los representantes de la empresa Iberian Phosphates la investigación minera es, por ahora, solo el primer paso de un procedimiento largo y complejo. O así nos lo quisieron “vender”. Pero precisamente por ello resulta imprescindible que el debate se produzca desde el principio, con información transparente y rigurosa, con acceso a toda la documentación y con capacidad real de participación y decisión de los vecinos afectados.
Nuestra comarca merece algo más que convertirse en una pieza dentro del tablero global de las materias primas. Merece decidir qué futuro quiere construir. Y esa decisión no puede tomarse únicamente en despachos empresariales o instituciones lejanas, sino también en los pueblos y Juntas Vecinales, propietarias legítimas de los terrenos afectados, que llevan generaciones cuidando y mimando un territorio que hoy vuelve a estar en el punto de mira.
–Ustedes no vuelvan más por aquí.